Reclamación de deudas y Compliance Penal

Los impagos de los deudores son, cada vez más, una de las grandes preocupaciones de cualquier empresa, máxime en época de crisis en la que se recortan las ventas y decrecen los márgenes. En esos casos de “decisiones en caliente” encontramos una estrecha relación entre la reclamación de deudas y el Compliance Penal.

Es en este momento donde la prevención se hace más necesaria, realizando acciones encaminadas a ser precavidos con los clientes, limitar el riesgo de las operaciones, blindar las operaciones a nivel jurídico, aclarar las condiciones de pago, documentar correctamente cualquier aspecto relativo a las operaciones. Es aconsejable siempre consultar con un abogado experto, y para los acreedores, si existe duda sobre la situación patrimonial del deudor, exigir garantías complementarias: aval, seguro de caución, seguro de crédito, solidarización de la deuda, etc.

La mayoría de despachos de abogados de empresa, gestionan la reclamación de deudas de forma amistosa, y en caso de no recibir la adecuada respuesta del deudor, reclaman en nombre de sus clientes mediante el ejercicio de las acciones judiciales ante los tribunales de justicia, ante los diferentes cauces que la ley brinda, entre los que se encuentran los Procedimientos de Ejecución y embargo por deudas.

El Compliance Penal o los Modelos de Prevención de Delitos son especialmente necesarios para las empresas y sus administradores cuando reciben una reclamación de deuda por un tercero.

Si su empresa es deudora y demandada en un proceso judicial, debe saber que el Código Penal prohíbe ciertas conductas, y exige a las personas jurídicas que tengan un control previo sobre sus actuaciones y actividades. Estas actuaciones y actividades castigadas se recogen en los artículos 257,  258, 259, 260 y 261 del Código penal, y pueden consistir en diferentes conductas, entre las que destacan:

  • Alzar con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.
  • Realizar cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento de cualquier índole iniciado o de previsible iniciación.
  • Realizar actos de disposición, contraer obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte elementos de su patrimonio, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito.
  • Presentar en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz.
  • Dejar de facilitar una vez requerido para ello, la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior.

 

Encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente:

  • Ocultar, causar daños o destruir los bienes o elementos patrimoniales que incluidos, en la masa del concurso.
  • Realizar actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas  que carezcan de justificación económica o empresarial.
  • Realizar operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción.
  • Simular créditos de terceros o proceder al reconocimiento de créditos ficticios.
  • Participar en negocios especulativos.
  • Incumplir el deber legal de llevar contabilidad o no hacerlo de forma legal.
  • Ocultar, destruir o alterar la documentación que el empresario está obligado a conservar.
  • Realizar cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.
  • Favorecer a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial.
  • Presentar en un procedimiento concursal, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel.

 

Las penas por la comisión de los anteriores hechos, son las siguientes:

  • Pena de multa.
  • Disolución.
  • Suspensión de sus actividades
  • Clausura de sus locales y establecimientos
  • Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
  • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores.

 

En QUINTERO ABOGADOS Tenerife somos especialistas en compliance y gestión de riesgos penales, y proporcionamos a las empresas un servicio personalizado de asesoramiento y elaboración de los modelos o programas de compliance penal exigidos por el Código Penal español.

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