Privacidad y Compliance Penal

La normativa en materia de protección de datos y privacidad ha cobrado una importancia capital en los últimos años. Este hecho se debe principalmente al creciente desarrollo de las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas, y en especial el auge de internet y el comercio electrónico, que facilitan la obtención y acceso a numerosos datos de los particulares. Por ello, las instituciones han establecido los principios y obligaciones en materia de protección de datos, de obligado cumplimiento por las empresas como entes que tratan con dichos datos, y cuya violación puede acarrear la imposición de importantes sanciones, incluso en el ámbito penal, lo cual conecta a esta materia con el Compliance Penal y los obligatorios Modelos de Prevención de Delitos exigidos por el Código Penal español a todas las personas jurídicas.

Hoy en día, todas las organizaciones manejan datos, y por tanto deben tener cubierta la parcela del asesoramiento sobre aplicación de la LOPD, Privacidad y Comercio Electrónico, según nuestro entender, bajo abogados especialistas en la materia.

El Código Penal español no es ajeno a la importancia que la privacidad y los datos tienen en el mundo de los negocios, y por ello ha recogido igualmente una serie de delitos por los que una empresa puede ser condenada, si no cuenta con el exigido Modelo de Compliance Penal o de Prevención de Delitos.

Proteger de manera eficaz la información que generamos es proteger derechos fundamentales. Ciertos aspectos deben ser controlados por una organización en materia de privacidad y protección de datos, mediante la adopción de una serie de protocolos y procedimientos:

  • Diagnosis inicial del cumplimiento Legal.
  • Inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
  • Redacción del Documento de seguridad y anexos.
  • Estudio para la correcta obtención del consentimiento del afectado.
  • Redacción de clausulados relativos al ejercicio de los derechos.
  • Redacción de contratos con encargados del tratamiento.
  • Clausulados de contratos de trabajo para los empleados.
  • Cláusulas a insertar en los correos electrónicos de la empresa.
  • Textos de la Política de Privacidad para la página Web.
  • Control, revisión y auditorías por el responsable en protección de datos (LOPD).

 

Para las sociedades, profesionales y usuarios que desean desarrollar sus actividades en Internet con todas las garantías jurídicas y en cumplimiento de la normativa aplicable, el asesoramiento es fundamental en el derecho digital en aspectos como los que a continuación se enuncian:

  • Asistencia, negociación y redacción de contratos específicos para los distintos servicios.
  • Revisión de las plataformas digitales y redes sociales en el cumplimiento de la normativa aplicable.
  • Redacción de normas de uso.
  • Avisos legales y política de privacidad, LOPD.
  • Redacción de contratos marco sobre condiciones generales de contratación.
  • Contratación online.

 

El Código Penal español no es ajeno a la importancia que la privacidad y los datos tienen en el mundo actual, y por ello ha recogido igualmente una serie de delitos por los que una empresa puede ser condenada, si no cuenta con el exigido Modelo de Compliance Penal o de Prevención de Delitos. Los artículos 197, 197 bis y 197 ter describe las conductas perseguibles penalmente:

  • Apoderarse de un tercero sin su consentimiento y para vulnerar su intimidad, de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, interceptar sus telecomunicaciones o utilizar artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación.
  • Apoderarse, utilizar o modificar sin autorización, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado.
  • Acceder por cualquier medio, alterar o utilizar en perjuicio de su titular, los datos señalados en el párrafo anterior.
  • Difundir, revelar o ceder a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los párrafos anteriores.
  • Realizare la conducta descrita en el párrafo anterior conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento
  • Difundir, revelar o ceder a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de una persona sin su autorización que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.
  • Acceder vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado o facilitar a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenerse en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo.
  • Interceptar sin estar autorizado transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas de los mismos.
  • Sin estar autorizado, producir, adquirir para su uso, importe o, de cualquier modo, facilitar a terceros, un programa informático, concebido o adaptado principalmente para los anteriores delitos; o una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan el acceso.

 

Las penas por la comisión de los anteriores hechos, son las siguientes:

  • Pena de multa.
  • Disolución.
  • Suspensión de sus actividades
  • Clausura de sus locales y establecimientos
  • Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
  • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores.

 

En QUINTERO ABOGADOS Tenerife somos especialistas en compliance y gestión de riesgos penales, y proporcionamos a las empresas un servicio personalizado de asesoramiento y elaboración de los modelos o programas de compliance penal exigidos por el Código Penal español.

 

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