Derecho Urbanístico & Penal Compliance

Toda actividad empresarial está fuertemente unida a la regulación administrativa, ya sea de los Entes Locales, Comunidades Autónomas, o del propio Estado. Las relaciones con estas en la práctica son tramitadas mediante los correspondientes expedientes incoados por la Administración, en los cuales el conocimiento del procedimiento se antoja como fundamental. Desde un simple trámite legal con la Administración, hasta los expedientes administrativos sancionadores, ya sean en materia de Licencias, autorizaciones, cumplimiento de requisitos legales, Derecho Urbanístico, sanidad, así hasta un largo etcétera, son materias en las cuales es necesario un asesoramiento jurídico previo y preventivo.

Los plazos, los requisitos, las solicitudes, las alegaciones, los recursos, las nulidades, la caducidad, las prescripciones, la prueba, son trámites dentro del procedimiento administrativo que merecen ser controlados por un profesional del derecho.

El artículo 319 del Código Penal español castiga el delito cometido por promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables.

Una de las ramas del área de Derecho Administrativo que tiene conexión estrecha con la legislación penal es la del Derecho Urbanístico, y que por tanto, debe ser especialmente observada por aquellas organizaciones y empresas que, bien por estar su actividad relacionada con las actuaciones de construcción, edificación, reforma, demolición, movimiento de tierras, etc, o bien por llevar a cabo de forma puntual dentro de su estrategia empresarial una actuación de esta tipología.

El Código Penal Español dedica un Capítulo a los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, concretamente, el artículo 319 recoge el delito cometido por promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección, así como en el suelo no urbanizable, pudiéndo castigarse a la Persona Jurídica responsable con la imposición de las siguientes penas:

  • Pena de multa.
  • Disolución.
  • Suspensión de sus actividades
  • Clausura de sus locales y establecimientos
  • Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
  • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores.

 

En QUINTERO ABOGADOS Tenerife somos especialistas en compliance  y gestión de riesgos penales, y proporcionamos a las empresas un servicio personalizado de asesoramiento y elaboración de los modelos o programas de compliance penal exigidos por el Código Penal español.

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